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La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, interrogó en las últimas horas a diversas personas vinculadas a los negocios entablados entre la empresa Apsiler SA y entidades radicadas en el exterior, para la venta de libros hacia la República Bolivariana de Venezuela.

La magistrada "agotó" ayer la totalidad de la prueba testimonial de testigos uruguayos con la comparecencia ante la Sede de los representantes de Mosca Hnos. (encargada de imprimir el material bibliográfico), el despachante de Aduanas y los contadores partícipes de la operativa, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La jueza y el fiscal Ricardo Perciballe interrogaron además al representante de una empresa gráfica uruguaya que cotizó para la impresión de los libros, pero cuya oferta no fue considerada por Apliser SA. No compareció, y no está previsto de momento que lo haga, el propietario de Apliser SA, señalaron las fuentes.

Los testigos detallaron los pormenores de la operativa sobre la venta de libros a Venezuela y su intervención en la misma, destacando todos ellos que se trató de un negocio entre privados. Incluso, el propietario de la empresa gráfica, cuya oferta no fue aceptada, declaró que tras la publicación de la noticia en el semanario "Búsqueda", llamó "personalmente" al ex senador nacionalista Ruperto Long para expresarle que su denuncia era "inexacta".

El empresario se autodefinió como un "hombre de izquierda" y le expresó en dicha conversación su "indignación" por la utilización política de una "información errónea, cuyo único objetivo era ensuciar al FA en plena campaña electoral", relataron las fuentes.

La indagatoria por la venta de material bibliográfico a Venezuela se inició tras una "denuncia anónima", realizada a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado, tras lo cual la jueza Gatti dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario, con la participación del BCU y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, ante la eventualidad de tratarse de un delito de "lavado de activos".

Semanas después, el ex senador Long denunció públicamente el negocio, cuyo monto resultaba "llamativo": el costo de la impresión de libros y folletos de cartografía era de 6 dólares, pero los mismos eran comerciados en el país caribeño en 498 dólares la unidad, lo cual redundaba en una ganancia de 30 millones de dólares para el exportador.

La participación de un primo lejano de la senadora Lucía Topolansky como primer propietario de Apliser SA y el destino de la exportación hicieron que el ex senador Long dejara entrever un posible vínculo entre el negocio y el financiamiento de la campaña electoral del FA.

FUENTE LA REPUBLICA